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Sinopsis HISTORIA DE LA TRIBUTACIÓN EN GUATEMALA


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HISTORIA DE LA TRIBUTACIÓN EN GUATEMALA
(DESDE LOS MAYAS HASTA LA ACTUALIDAD)
GUATEMALA, DICIEMBRE DE 2007

(Ir a Index de Contenidos Historia de la Tributacion en Guatemala)

Sinopsis
Este trabajo tiene como propósito contribuir al mayor y mejor conocimiento de la historia de la tributación en Guatemala. El contenido abarca cronológicamente desde la civilización Maya hasta la actualidad y se ha dividido en cuatro capítulos: I) La sociedad Maya, 1000 a.C.–1524, II) El régimen colonial, 1524–1821, III) La época independiente, 1821–1944, y IV) El período contemporáneo, 1944–2006. La investigación, estuvo guiada por tres ejes analíticos, matizados por el período histórico que se trate: a) principales características políticas y económicas de la sociedad y su influencia en el ámbito fiscal; b) legislación tributaria vigente y sus implicaciones económicas ex ante, y c) respuesta social a las políticas impositivas, identificando a los actores relevantes y sus reacciones de apoyo o rechazo a tales políticas. El trabajo hace énfasis en el período 1944-2006, es decir, en el período contemporáneo. En los capítulos anteriores, identifica y discute los hitos que contribuyen a definir la historia de la tributación en cada período. El estudio se basa en fuentes primarias y secundarias. Particularmente importante fue la recopilación de legislación y estadísticas tributarias a partir de las cuales se prepararon materiales de apoyo que probaron su valía en las secciones relacionadas con el efecto de las políticas tributarias en el siglo pasado, aporte fundamental del estudio. La investigación, patrocinada por la Superintendencia de Administración Tributaria a través de su Programa de Cultura Tributaria, estuvo a cargo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) fue dirigida por Leticia González, con el apoyo de Marcelo Coj. Revisaron el texto Maynor Cabrera y Juan Alberto Fuentes, quien supervisó el trabajo en su conjunto. El resultado final, como se verá, permite entender la evolución a lo largo de la historia de una de las principales formas de relación entre ciudadanía y Estado y su materialización en términos de ingresos fiscales. Así, se espera haber contribuido a la construcción de la historia nacional desde la perspectiva de uno de sus aspectos menos conocidos, la tributación. La sociedad Maya, 1000 a. C – 1524 d. C En el sureste de Mesoamérica surgió y evolucionó hace miles de años la civilización Maya. Durante más de 1500 años, diversas unidades políticas tejieron una compleja red sociopolítica basada en el parentesco, el ritual, el comercio y las alianzas militares. El área cultural maya se ha dividido, para su estudio, en tres regiones geográficas: tierras altas, tierras bajas y periferia sur, y en tres períodos diferenciados por los rasgos distintivos de la cultura material: Preclásico (1000 a.C–300 d.C), Clásico (300–900) y Postclásico (900– 1520). Los últimos tres siglos del período Preclásico constituyen el marco temporal para el desarrollo de una organización social compleja, la formación de grandes centros urbanos con arquitectura monumental, el surgimiento o consolidación de economías regionales, la formación de instituciones políticas y el afianzamiento de relaciones sociopolíticas entre las diferentes unidades políticas autónomas. También hay evidencias sobre el aparecimiento de diferentes grupos de elites, que posiblemente interactuaban entre sí, y de liderazgo político centralizado. El período Clásico es el que comúnmente se relaciona con el auge de la civilización Maya. Es en este período donde se han encontrado mayores evidencias arqueológicas sobre la tributación entre los mayas. A pesar de los adelantos en la epigrafía, la información sobre el tributo es escasa y en alguna medida especulativa. A partir de la evidencia arqueológica del período Clásico pueden establecerse actividades de producción, comercio e intercambio local e interregional que proveían a cada unidad política autónoma de los bienes necesarios para su subsistencia. En ese contexto surgió otra actividad económica de gran importancia, el tributo. En el ámbito local, se supone que los señores recibían de los miembros del común tributo, principalmente en especie, por medio del trabajo en la agricultura y en las obras de construcción masiva. Puede ser que la participación en las guerras de conquista también haya sido una forma de tributo. Durante el período Postclásico, la naturaleza del contacto entre las unidades políticas autónomas frecuentemente derivaba en guerras, las cuales podían tener como consecuencia la alianza o la derrota de una de las participantes. En el segundo caso, se esperaba que la unidad política vencida rindiera tributo a la vencedora. Parece ser que la relación guerraconquista- tributo era parte fundamental del sistema económico maya y con el paso del tiempo fue adquiriendo mayor importancia para el sostenimiento de las elites y de la economía en general. No hay que perder de vista, sin embargo, que a partir de la evidencia iconográfica y epigráfica en ocasiones es difícil establecer la diferencia entre “tributo” y “regalo”. En el Postclásico tardío, las fuentes etnohistóricas permiten el acceso a información que manifiesta la práctica del tributo en las sociedades de los años anteriores al momento del contacto y conquista. El régimen colonial, 1524 – 1821 El proceso de conquista y colonización española de América supuso para la Corona un esfuerzo organizativo y administrativo de grandes dimensiones que implicó el transplante o la creación de nuevas instituciones que facilitaran el control político y económico de las Indias, nombre con el que se conocieron los dominios españoles en el continente americano. La conquista del actual territorio de Guatemala, ocupado entonces por diversos pueblos organizados en unidades políticas diferenciadas, K’iche’s, Kaqchikeles, Tz’utujiles, Mames, Poqomames, entre otros, inició en febrero de 1524. Estos pueblos coexistían en un espacio dominado por las tensiones y las rivalidades políticas. Los intentos de establecer alianzas con el propósito de enfrentar juntos a los invasores fracasaron debido a la fragmentación política. En el lapso de dos meses, los españoles conquistaron y sometieron, por guerra o por alianza efímera, a los grupos indígenas más importantes. Durante sus primeras etapas, el aparato político administrativo del régimen colonial en las Indias pasó por un proceso de ajuste y reacomodo, producto de la expansión en territorios desconocidos. A esta caótica primera etapa de descubrimiento y conquista, que cronológicamente abarcó alrededor de 40 años, le siguió un período de consolidación de las instituciones necesarias para asegurar la permanencia del nuevo régimen, que a mediados del siglo XVI ya presentaba cierta estabilidad institucional. Los primeros años fueron una etapa de laissez-faire que llegó a su fin cuando la Corona emprendió la “conquista burocrática” de sus posesiones en América. En ese sentido, la Audiencia fue el instrumento clave para asegurar el dominio regio sobre las colonias. La organización del territorio era vital para afianzar la presencia del Estado español. La Corona organizó dos vastas jurisdicciones políticas en las Indias, los virreinatos de Nueva España y Perú. La instalación de la audiencia en Centroamérica fue producto de las Ordenanzas de Barcelona o Leyes Nuevas (1542). La Audiencia de Guatemala tenía carácter pretorial pues su presidente era al mismo tiempo gobernador y capitán general. De ahí que el Reino de Guatemala fuera una entidad política relativamente autónoma, aunque nominalmente era parte del Virreinato de la Nueva España. En la segunda mitad del siglo XVIII se introdujeron las reformas borbónicas que perseguían la reestructuración del imperio. El nuevo sistema administrativo, más simple y centralizado, tenía como propósito la consolidación del poder para aumentar la autoridad del Estado español. En Centroamérica, las reformas perseguían estimular el comercio e intercambio, limitar el poder de la Iglesia católica, modificar la administración territorial y reformar la estructura impositiva. La economía de la región entró en un proceso de inserción en la economía europea, caracterizada a partir del siglo XVI por la expansión del comercio y del mercado, que culminó a mediados del siglo XVIII y que precedió a la revolución industrial del siglo XIX. El Reino de Guatemala no contaba con los recursos necesarios que le permitieran la inserción en el mercado europeo a través de metales preciosos, productos agrícolas o materias primas. Fue gracias a la producción de añil que el reino empezó tardíamente (siglo XVII) este proceso. La lejanía de las principales rutas de comercio e intercambio y lo magro de las exportaciones contribuyeron a que la región se volviera una zona periférica y marginal del imperio español. El sistema económico se fundamentó en la explotación de la fuerza de trabajo indígena, institucionalizada por la encomienda, que permitió al conquistador/colono, a la Corona y a la Iglesia católica asegurar los recursos que les permitieron, guardando las proporciones del caso, los ingresos necesarios para afirmar su presencia en la región. El tributo, reconocimiento de la relación de dominación aplicado a la población indígena, evidencia el nacimiento de un sistema tributario basado en una política discriminatoria y regresiva. El tributo era parte fundamental de la economía. Esta dependencia ejerció una presión considerable sobre la población indígena, pues el ingreso debía mantenerse a pesar de epidemias, malas cosechas o desastres naturales. El pago del tributo en especie servía como base para el comercio pues ponía en circulación gran cantidad de bienes de consumo: maíz, trigo, algodón, madera, cacao e hilados y tejidos, que se vendían en subastas públicas. En suma, los productos comerciales para exportación (cacao y añil) y la fuerza de trabajo indígena fueron las bases de la organización y reproducción de una débil economía interna. El incremento de las presiones económicas sobre la población se tradujo en manifestaciones de resistencia indígena a lo largo del período colonial. Cuando la presión ejercida sobre los indígenas se volvía insoportable, ocurrían estallidos de violencia, levantamientos o motines. El aparato colonial español abundaba en mecanismos que permitían la explotación del indígena pues se había construido sobre la base de esa explotación. De ahí que las revueltas, alzamientos o motines se volvieran parte inherente del sistema en la medida en que las causas que los provocaban no desaparecieron. En el Reino de Guatemala se implementaron los mismos impuestos que en el resto del continente y la real hacienda contabilizaba una veintena de ramos comunes (impuestos destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de la administración local) y alrededor de quince de los llamados ramos particulares (usualmente con un destino concreto). Entre los primeros, los más importantes en lo que a ingresos se refiere fueron el tributo y la alcabala. Les seguía el quinto real y otros de menor cuantía, como el papel sellado, el aguardiente y la pólvora. Los ramos particulares incluían todos los ingresos que pertenecían por derecho a la Corona, por ejemplo, los oficios vendibles, la media anata, las bulas de la Santa Cruzada y el noveno real, es decir, la parte del diezmo que le correspondía al rey. A finales del siglo XVIII, las recaudaciones de los monopolios del Estado, especialmente el tabaco, empezaron a subir sostenidamente llegando a constituir, en el último quinquenio del período colonial, la principal fuente de ingresos. El desorden burocrático y la mala administración de los recursos existentes llevaron eventualmente al endeudamiento y a una permanente crisis fiscal, que no pudo ser solucionada por las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII. Si se acepta que una pobre recaudación fiscal incide en el desempeño del gobierno y eventualmente en su control del poder, pues la escasez de recursos financieros limita su capacidad para hacer cumplir sus propias reglas, entonces se entiende que la bancarrota del Reino de Guatemala jugara un papel clave en el momento en que las elites decidieron la independencia de España. La época independiente, 1821-1944 El ocaso del imperio español en América abrió espacios para que las elites criollas pudieran expresar sus intereses políticos y económicos. En el caso de Centroamérica, la independencia fue un acto dirigido por las elites de la capital del hasta entonces Reino de Guatemala, que aceptaron la anexión al imperio mexicano recién formado para seguir disfrutando de su posición privilegiada. Al caos político de esos años habría que agregar la crisis fiscal que enfrentó la región. En 1821 Centroamérica no contaba con la base financiera adecuada para empezar su vida independiente. El problema se resumía en encontrar una forma de captar recursos sin levantar la ira de la ciudadanía en el contexto de una economía deprimida. Para enfrentar la crisis se recurrió a diversas medidas fiscales pero debido a la inestabilidad política y la debilidad financiera y administrativa heredada del período colonial, ninguna pudo implementarse exitosamente. A esta etapa siguió la instauración de un sistema de gobierno federal (1823-1840), que eventualmente se disolvió debido a las contradicciones políticas, una economía precaria y un sistema financiero que siempre estuvo al borde del colapso. Como telón de fondo al vaivén ideológico entre los sucesivos gobiernos liberales y conservadores, se encuentran las continuas guerras civiles que asolaron la región centroamericana y la crisis fiscal, una amenaza constante para el proyecto unionista en general y para la supervivencia del Estado de Guatemala en particular. Uno de los argumentos que se presentan al discutir el fracaso del proyecto federal, además de las circunstancias políticas, consiste en señalar la incapacidad de la Federación para llevar a la práctica las medidas que le permitieran crear la base financiera necesaria para asegurar su existencia. El sistema impositivo federal destinó al sostenimiento de la República los ingresos provenientes del monopolio del tabaco, alcabala marítima, correos y pólvora. Los ingresos de estas cuatro rentas no llegaban completos o simplemente no llegaban, pues las autoridades locales cobraban los impuestos pero no los remitían a la caja central. Ante la escasez de ingresos, la práctica del préstamo forzoso a particulares y a entidades internacionales de crédito se volvió común para satisfacer las necesidades más urgentes de la República. El Estado de Guatemala inició un nuevo período de gobierno liberal (1831-1838) con la elección como Jefe de Estado de Mariano Gálvez, quien trató de implementar un programa de reformas con miras al desarrollo económico y social. Gálvez promovió medidas que no fueron bien recibidas por las elites y los grupos conservadores, como la expropiación de los bienes eclesiásticos, la exclaustración de las órdenes religiosas, la abolición del diezmo, la autorización del matrimonio civil y la legalización del divorcio. Entre las medidas económicas se encuentran el incentivo del cultivo de la grana o cochinilla y del café, la construcción de caminos o la mejora de los existentes y la colonización por medio de la inmigración. Durante el gobierno de Mariano Gálvez se tomaron varias medidas para fortalecer la hacienda pública del Estado de Guatemala. Los ingresos por concepto de alcabala, tabaco, aguardiente y chicha eran los más importantes, aunque el contrabando tenía un impacto negativo en las rentas. También se recibían ingresos por papel sellado, comparativamente inferiores. Otra medida que puso en práctica el gobierno fue el reglamento para la administración de las rentas del Estado, que introdujo una tasa del 4 por ciento en las ventas y trueques de todos los frutos y efectos que se comerciaran en el territorio (alcabala interior), con algunas excepciones. A pesar de las medidas que tomó el gobierno, los ingresos nunca fueron suficientes para cubrir los gastos. En agosto de 1836 el gobierno recurrió una vez más al cobro de una contribución directa o “capitación” que consistía en el cobro de 12 reales anuales a todos los varones comprendidos entre los 18 y los 46 años de edad y que contribuiría directamente a la caída del gobierno de Gálvez. La Federación Centroamericana se disolvió tras la caída de Gálvez. Le seguirá la instauración de las cinco repúblicas centroamericanas, bajo regímenes liberales o conservadores. Los treinta años posteriores a la caída de Mariano Gálvez corresponden a un período de gobierno conservador (1838-1871). La Asamblea Constituyente promulgó en diciembre de 1839 la Declaración de los derechos del Estado y sus habitantes. En este documento pueden encontrarse los elementos fundamentales del conservadurismo que imperó en los siguientes treinta años. Las obligaciones de los ciudadanos respecto a los impuestos se definieron así: “todos igualmente están obligados a contribuir para los gastos públicos; mas las contribuciones deben ser generales, y calculadas de modo que cada cual concurra al sostén de la administración, según su respectiva posibilidad”. La situación hacendaria durante el período conservador no varió pues el erario siguió teniendo en la alcabala y las bebidas embriagantes sus principales fuentes de ingresos. La administración de rentas se organizó en 1840. Los ingresos ordinarios estaban constituidos por la alcabala marítima, la alcabala interior del 2% y 4%, los ramos de aguardiente y chicha, impuestos sobre papel sellado, carne y venta de tierras, el estanco de nieve y el asiento de gallos. Sin embargo, la suma de los recursos obtenidos no era suficiente para cubrir las necesidades de la administración y, en consecuencia, el gobierno recurrió continuamente a las contribuciones de los ciudadanos. Adicionalmente, el endeudamiento externo continuó siendo una fuente importante para el financiamiento del Estado de Guatemala. En la década de mil ochocientos cincuenta se inició la transición a la economía cafetalera. A mediados del siglo, debido a la decadencia de la grana en el mercado de colorantes, el cultivo del café pasó a ser una verdadera necesidad. Las actividades de promoción del café como sustituto de la grana fueron parte fundamental del período conservador. En 1862 el café alcanzó el 9% del valor total de las exportaciones, en 1870, el 47%. De ese modo el café desplazó a la cochinilla del primer lugar en las exportaciones, sitio en el cual se mantuvo por décadas. Con la expansión gradual del cultivo del café se fue constituyendo un grupo social dispuesto a defender sus intereses, que encontraría en la revolución de 1871 la respuesta a sus necesidades más urgentes: mano de obra para la cosecha y tierra apropiada para el nuevo cultivo. La llamada revolución liberal de 1871 contribuyó a definir la historia del país, pues reorientó la actividad económica y modificó las relaciones sociales en el largo plazo. El Estado liberal guatemalteco surgido a partir de la revolución de 1871 promovió cambios en el régimen de la tenencia de la tierra y facilitó el acceso a la mano de obra necesaria para la cosecha con el propósito de fortalecer el nuevo eje de la economía, la exportación de café. Esta profunda transformación estuvo acompañada de otro tipo de medidas, entre las que se encuentran las relacionadas con el orden fiscal. Durante los dos años en que Miguel García Granados ocupó la presidencia, se tomaron diversas medidas de carácter tributario: a) se puso fin al monopolio privado de aguardientes y se establecieron cuotas mensuales sobre la destilación y la venta de aguardiente y chicha; b) se crearon impuestos por derechos de exportación y se gravaron ciertos productos: café, cochinilla y añil; c) se crearon o modificaron algunos tributos, entre ellos la alcabala y d) se decretó el impuesto denominado “contribución urbana”, que estableció un gravamen del cinco por ciento sobre la renta que anualmente produjeran o pudieran producir las casas, tiendas o almacenes situados dentro de poblado, el primer impuesto directo establecido en muchos años. Durante el gobierno de García Granados se consolidaron además como impuestos principales los aranceles aplicados a las importaciones y los impuestos sobre las bebidas alcohólicas. Los dos eran indirectos y afectaban al consumo. Durante los 12 años de gobierno de J. Rufino Barrios (1873-1885) se mantuvo la estructura heredada de García Granados, con una tendencia a que aumentara la recaudación proveniente tanto de bebidas alcohólicas como de las importaciones, aunque introdujo también algunos impuestos directos. La acción más efectiva para aumentar la recaudación resultó ser el aumento de los derechos de importación, aunque también aumentó la recaudación proveniente de los impuestos aplicados a las exportaciones, mientras que las bebidas alcohólicas mantuvieron la tendencia de crecimiento. El gobierno recurría a imponer gravámenes cuando tenía necesidad de elevar sus rentas. No eran medidas planificadas sino que obedecían a las urgencias económicas del Estado. Como parte de la reorganización administrativa que emprendió el gobierno de J. Rufino Barrios se llevó a cabo la reforma tributaria de 1881, que produjo el primer Código Fiscal de Guatemala (Decreto No.263). La importancia de este decreto es que implicó una reforma tributaria al establecer en una de sus secciones la estructura impositiva que debería regir en adelante, aunque no la alteró esencialmente pues el código reguló los impuestos tradicionales. Los gobiernos liberales que siguieron al régimen de J. Rufino Barrios se encargaron de perpetuar el orden establecido por la revolución de 1871. El gobierno de Manuel Lisandro Barillas enfrentó desde sus inicios una crisis fiscal ocasionada por la última aventura unionista de J. Rufino Barrios, pues la guerra absorbió casi todos los recursos financieros del Estado. Aunque los ingresos variaron durante su gobierno y hubo cierto deterioro fiscal al final del mismo, la importancia de los impuestos aplicados a las exportaciones fue mayor y probablemente fue el gobierno con la política tributaria menos débil de todo el siglo XIX. José María Reina Barrios implementó una política fiscal vulnerable y de corto plazo, concentrándose en la reforma del Código Fiscal y sin haber podido evitar una severa crisis fiscal y macroeconómica al final de su presidencia. La medida fiscal más importante de su período fue decretar, en febrero de 1894, una Ley de Contribuciones que reformó algunas de las leyes contenidas en el Código Fiscal de 1881. El conjunto de las modificaciones propuestas contrasta con su limitado impacto. Los gobiernos liberales tomaron algunas medidas para estimular y proteger la industria nacional. Estas medidas se materializaron principalmente a través de la protección arancelaria y los incentivos fiscales, aunque no se puede hablar de una política de industrialización propiamente dicha pues estas providencias obedecieron a las necesidades puntuales de las dos industrias que surgieron en esa época: tejidos y cerveza. La política tributaria cortoplacista y errática, así como la fuerte dependencia del sector externo en los ingresos tributarios, no permitió consolidar las finanzas públicas a finales del siglo XIX. Más bien, lo que se observa es una caída considerable en los ingresos, lo cual, unido a la falta de previsión en las políticas de gasto público llevó al país a un escenario crítico. En las primeras cuatro décadas del siglo XX, el autoritarismo y la dictadura encontraron nuevos exponentes en Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico. Esa continuidad política abrió la puerta a la cada vez más notoria presencia de los Estados Unidos en el país, tanto en los aspectos económicos como en los políticos. En el marco de la dependencia monoexportadora, fuertemente cimentada por los gobiernos liberales, surgirá la economía de enclave alrededor del banano. A través de la exportación de café y banano, Guatemala entrará finalmente al mercado mundial. Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) heredó la crisis fiscal y una seria inflación de su antecesor. También recibió un país con una modesta red de comunicaciones terrestres y una economía basada en la monoexportación, vulnerable frente a los altibajos del mercado externo. Estrada Cabrera mantuvo el orden, la fuerza de trabajo y la estabilidad política que se necesitaban para que la expansión cafetalera siguiera su curso. Una de sus primeras medidas tributarias fue aumentar los derechos de importación. El aumento regía para todas las mercancías, sin distinción alguna. En 1899 se gravaron con derechos de exportación cuatro artículos: el banano, el cuero de res, el hule y las pieles de venado o carnero, que se unieron en ese renglón al café. Estos cambios, cuyos efectos se verían reducidos por lo que serían dos décadas de una seria turbulencia en el ámbito económico, contribuyeron sin embargo a la consolidación de los impuestos aplicados a las exportaciones. El efecto de estas acciones puede observarse al final de la década de 1920, cuando este tipo de impuestos ya representa una proporción mayor de la carga tributaria. Si además se toman en cuenta las importaciones, puede afirmarse que dos terceras partes de los ingresos tributarios provenían del comercio exterior. La renta de licores fue, durante todo el período, la segunda en importancia en los ingresos tributarios. Los impuestos directos no variaron su contribución porcentual respecto a otros períodos y continuaron contribuyendo en porcentajes mínimos al total de los ingresos tributarios. En una economía orientada hacia las exportaciones, los derechos arancelarios ocupan un papel importante en los ingresos tributarios. De ahí que durante la década de 1920, la recuperación de las exportaciones del café y la expansión de las exportaciones de banano contribuyeran a generar ingresos. La economía creció en un 5% por año, en promedio, aunque con fluctuaciones considerables. Ello generó un fuerte incremento de importaciones que fue lo que más repercutió en el aumento en la recaudación por concepto de aranceles. La depresión de 1929 afectó principalmente los ingresos obtenidos por el café, y en menor medida al banano. Una década más tarde, la II Guerra Mundial hizo sentir sus efectos sobre las exportaciones. Estos acontecimientos, más que políticas tributarias específicas, fueron los determinantes básicos de las fluctuaciones de los ingresos tributarios durante esta época. La dependencia externa hacía que cualquier baja en los precios del café tuviera una fuerte repercusión en los ingresos públicos. Las exenciones concedidas a la UFCO también privaron a las arcas nacionales de impuestos por derechos de importación. La tradición del caudillo/dictador continuó durante el gobierno de Jorge Ubico (1931-1944). Después de 1930 y hasta 1943 se inició de manera muy gradual un proceso de diversificación de la base impositiva, en la medida en que comenzaron a aplicarse otros impuestos, adicionales a los que gravaban las importaciones, las bebidas alcohólicas y las exportaciones. En ello incidió un crecimiento moderado del impuesto al timbre y de impuestos selectivos, incluyendo al aplicado al tabaco y los que gravaron los combustibles y la circulación de vehículos. El período contemporáneo, 1944-2006 El derrocamiento del régimen de Jorge Ubico fue, sin duda, un parteaguas en la historia guatemalteca. Tras su renuncia nuevas fuerzas políticas aparecieron en escena. Después de la insurrección cívico-militar que derrocó a Ponce Vaides el 20 de Octubre de 1944, la Junta Revolucionaria de Gobierno empezó a tomar las medidas para retornar al orden constitucional. El 15 de marzo de 1945, día en que entró en vigor la Constitución, el Congreso dio posesión de su cargo a Juan José Arévalo. Arévalo tuvo como marco de referencia para orientar su labor la propia Constitución, cuyo contenido llamaba a reformas políticas y sociales de gran envergadura. Puestas en práctica, cambiaron el curso de las relaciones económicas y sociales del país. La economía guatemalteca a mediados del siglo XX era relativamente simple y estaba compuesta por tres sectores: la producción de alimentos y materias primas para el consumo doméstico, los cultivos de exportación y una incipiente industria. Gran parte del PNB provenía de la agricultura, especialmente de los productos de exportación como el café y el banano. El país dependía además del extranjero para adquirir mercancías manufacturadas que proporcionalmente dominaban la importación. El sistema tributario de la década revolucionaria heredó del régimen anterior todos los defectos posibles. La administración tributaria era deficiente, los costos de la recaudación eran altos y la lentitud de los trámites facilitaba la evasión. La reorganización para optimizar los ingresos era necesaria. De ahí que ambos gobiernos revolucionarios emprendieran una reforma que no llegó a concretarse, aún cuando la reforma tributaria era un tema presente en la agenda del gobierno revolucionario desde sus primeros años. El aumento tributario de mayor importancia durante el período revolucionario resultó del incremento del impuesto aplicable al café durante el gobierno de Arévalo en 1950, aunque el efecto de mejores precios ya se había hecho sentir en los ingresos de las fincas nacionales de café, expropiadas a los alemanes durante el gobierno de Jorge Ubico, que llegaron a generar una contribución cercana al 10% de los recursos totales del Estado en esa época. Los ingresos por aranceles aplicados a las importaciones también aumentaron, aunque en menor medida. Lo mismo puede decirse de los impuestos selectivos. Después del derrocamiento del régimen de Jacobo Arbenz, el país fue gobernado por varias juntas militares. Finalmente, Carlos Castillo Armas asumió el poder el 1 de septiembre. El nuevo gobierno continuó las obras de infraestructura iniciadas durante la administración de Arbenz, no pudo desmantelar el seguro social y anuló las reformas del Código de Trabajo, restableciendo el texto de 1947. La reforma agraria impulsada por Arbenz fue desarticulada e igual suerte corrieron la organización política partidaria y la organización sindical y campesina. Durante la administración de Castillo Armas se redujeron o suprimieron impuestos y se acudió a un impuesto extraordinario que contribuyó a una mejora transitoria, no sostenible, de las finanzas públicas. La muerte de Castillo Armas en julio de 1957 precipitó una nueva crisis política. La Comisión Permanente del Congreso estableció formalmente la Asamblea, que llamó al primer designado a la presidencia a tomar posesión del cargo, convocó a elecciones presidenciales y por último declaró el estado de sitio. Debido a que en las elecciones no hubo ganador absoluto, el Congreso nombró presidente a Miguel Ydígoras Fuentes, en 1958. Guatemala ya no podía aspirar al trato preferencial que había recibido del gobierno de los Estados Unidos en los años 1954-1958, debido a la política estadounidense de combatir el comunismo en América Latina con desarrollo económico, iniciada por el presidente Eisenhower después del triunfo de la revolución cubana. La Alianza para el Progreso, auspiciada por el presidente Kennedy, fue la continuación de esa política. Entre sus requisitos se encontraba la formulación de programas nacionales de desarrollo que, entre otros aspectos, deberían utilizar en forma más eficaz, racional y justa los recursos financieros mediante la reforma de la estructura de los sistemas tributarios. Durante el período de Ydígoras Fuentes llegó a su fin el largo proceso para llevar a cabo una reforma tributaria, que básicamente consistió en la introducción del impuesto sobre la renta. El Ejecutivo planteó al Congreso una propuesta de ley del impuesto sobre la renta que debió ser finalmente retirada ante la ofensiva del CACIF y de la prensa y la resistencia de los congresistas. Estos factores, aunados a la inestable situación política, postergaron la discusión del proyecto de ley. En 1962, Ydígoras envió al Congreso una nueva versión del proyecto de ley del impuesto sobre la renta, que finalmente se aprobó. El Decreto 1559 fue promulgado por el Legislativo en noviembre de 1962 con vigencia a partir del 1 de julio de 1963. Ydígoras Fuentes también tomó otras medidas que afectaron los ingresos tributarios, en el marco del naciente Mercado Común Centroamericano, la industrialización y la diversificación agrícola, bajo una política fiscal de protección a la industria nacional. Los cambios legislativos que tuvieron un impacto importante sobre la recaudación tributaria fueron la liberalización del comercio intra-centroamericano, al que ya no se aplicó aranceles, y los incentivos fiscales a la industria y producción agrícola y pecuaria, consistentes en exenciones y exoneraciones más amplias que en el pasado. Otros cambios de la política fiscal, como el impuesto sobre la renta aplicable a las personas, seriamente erosionado por exenciones, y un arancel externo común de carácter centroamericano, tuvieron un impacto bastante menor en la recaudación. El golpe de estado que llevó al poder a Enrique Peralta Azurdia en 1963 fue recibido con declaraciones de apoyo de los industriales, agricultores y el sector financiero. La Constitución fue sustituida por una carta fundamental de gobierno y se declaró el estado de sitio. A diferencia de la crisis política de 1957, esta vez el ejército retuvo el poder. Una nueva Constitución fue promulgada en 1965 y abrió la vía para la restauración de un régimen más representativo, pero su carácter claramente anticomunista cerró las puertas a la participación de nuevas opciones de izquierda. El gobierno procedió a reformar el impuesto sobre la renta (Decreto-ley 229) pero ello no contribuyó a lograr un aumento significativo de recursos que lograra compensar la reducción de los impuestos aplicados a las exportaciones e importaciones. El único cambio en la legislación tributaria que tuvo cierto impacto fue el aumento de los impuestos sobre el consumo de derivados del petróleo, que se reflejó en un aumento de los impuestos selectivos en general. La vuelta al orden constitucional llevó a la presidencia a Julio César Méndez Montenegro en 1966. En dos ocasiones, la reforma tributaria encontró una tenaz oposición del sector privado y de la prensa. Esos fallidos intentos de reforma se reflejaron en una carga tributaria que se mantuvo casi constante, pasando de 7.7% en 1966 a 7.8% en 1970. El mayor desafío consistió luego en evitar que cayera la carga tributaria y ello se logró, en alguna medida, acudiendo al impuesto del timbre, sin gravar a los sectores de mayores ingresos que más se estaban beneficiando del crecimiento económico de Guatemala. El efecto negativo de la liberalización del comercio intra-centroamericano y de los incentivos sobre la recaudación de aranceles aplicables a la importación continuó manifestándose. La reducción de la recaudación obtenida de los impuestos tradicionalmente importantes se interpretó como una crisis fiscal que afectó con similares grados de intensidad a todos los países centroamericanos. Para el conjunto de países centroamericanos se concibió entonces el Protocolo de San José en 1968, que introdujo sobretasas a los aranceles de importación. Sin embargo, no sólo no logró aumentar significativamente los ingresos, sino que además fue una especie de espejismo que evitó centrarse en el impulso de auténticas reformas tributarias y, al favorecer aún más la protección de bienes de consumo destinados al mercado interno de los cinco países, castigó su exportación hacia el resto del mundo. Entre 1970 y 1982 se sucedieron los gobiernos militares de Carlos Arana Osorio, Kjell Laugerud y Romeo Lucas. Las acciones insurgentes y contrainsurgentes del conflicto armado interno recrudecieron, pues el ejército empezó a considerar como objetivo militar a la base social de la guerrilla. El fortalecimiento del ejército y la cotidianidad del terror fueron las señas de identidad de esos años. El aumento de los precios del petróleo en 1973, consecuencia del embargo impulsado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conmocionó la economía del país. A finales del gobierno de Arana Osorio, el Ministro de Finanzas planteó una modificación de los aranceles de exportación, señalando que las reformas eran la única salida a la crisis económica. La propuesta consistía en aumentar con carácter progresivo los derechos de exportación correspondientes al café, algodón, azúcar, carne y mariscos. Se inició una nueva batalla en la que industriales y agricultores, especialmente cafetaleros, lograron impedir la aprobación del decreto original, consiguiendo rebajas significativas en las franjas libres de aranceles. El ínterin entre las elecciones y la toma de posesión del nuevo gobierno de Romeo Lucas estuvo marcado por diversos eventos que evidenciaron la precariedad del orden social. Manifestaciones, protestas, secuestros, asesinatos, eran parte de lo habitual. Los años 1979- 1981 figuran entre los más violentos que le haya tocado vivir a la sociedad guatemalteca. Durante esta primera etapa de gobiernos militares, la carga tributaria aumentó transitoriamente y luego se desplomó. Varios años de crecimiento alto no pudieron asegurar una carga tributaria sostenible. Los derechos de exportación, que en 1973 representaban el 8.3% de la recaudación total, alcanzaron el 25% en 1977 y 1978. En los últimos años del período, los precios del café iniciaron un descenso que, aunado a la reducción del arancel de exportaciones, disminuyó fuertemente la recaudación en ese concepto. Una baja similar sufrieron las importaciones, que disminuyeron de 42.6% en 1978 al 19.9% en 1982. El impuesto que permitió una recaudación constante fue el de papel sellado y timbres, que en 1982 representó el 45.4% del total recaudado. El golpe de estado de 1982 puso fin al gobierno de Lucas García. Durante el régimen de facto de Efraín Ríos Montt tuvo lugar la más brutal ofensiva militar dirigida contra combatientes y pobladores de las áreas donde se desarrollaba el conflicto armado. En consecuencia, miles de indígenas y campesinos abandonaron la zona de conflicto, desplazándose hacia otras regiones del país o buscando refugio en los países vecinos. Debido a la crisis económica, el gobierno planteó en 1983 una reforma tributaria que incluía un nuevo impuesto indirecto, el IVA. A pesar de la oposición del sector privado, se promulgó el Decreto-ley 72-83, que contenía las disposiciones relativas a este nuevo gravamen. La reforma no logró detener el desplome de la carga tributaria que llegó a situarse por debajo del 6%, una de las menores de la historia. Un golpe militar acabó con el gobierno de Ríos Montt, quien fue sustituido por Oscar Mejía Víctores. Durante su paso por la Jefatura de Estado se inició la transición a la democracia, al programar elecciones para una Asamblea Constituyente y elecciones presidenciales. Con una situación económica y financiera rayando en la debacle y las presiones del FMI para tomar medidas al respecto, el gobierno planteó una nueva reforma tributaria en 1985. La emisión de los cuatro decretos que componían el paquete tributario provocó el rechazo unánime del sector privado, que empezó una campaña contra los nuevos impuestos. Como resultado de las presiones del sector privado, a las que se unieron dirigentes políticos y la prensa, el gobierno derogó los decretos e inició una ronda de diálogos para la “salvación económica nacional”. El resultado fue un nuevo paquete tributario que no alteró sustancialmente la débil y regresiva estructura tributaria del país. Sin embargo, esta reforma logró detener la caída de la carga tributaria, gracias principalmente a que la recaudación del IVA continuó aumentando. En 1985 este impuesto representaba el 38.9% de los ingresos por impuestos indirectos y el 31.5% del total recaudado. Los impuestos a las exportaciones prácticamente desaparecieron y hubo una pequeña recuperación de los impuestos selectivos y de la reducida tributación directa. En 1986 tomó posesión de la presidencia Vinicio Cerezo Arévalo, el primer gobernante civil electo democráticamente después de casi dos décadas de regímenes militares. Se hizo cargo de un país convulsionado y desgastado por más de veinte años de conflicto armado, agobiado además por la crisis económica y fiscal. El gobierno trató de llevar a cabo una reforma tributaria que derivó en un nuevo enfrentamiento con el sector privado. La reforma tributaria de 1987 fue la primera en ser impugnada ante la Corte de Constitucionalidad. Los contribuyentes, en este caso miembros del sector privado, usaron esta instancia legal para bloquear el cobro de impuestos y restringir la capacidad legislativa en el tema tributario. Debido a que el paquete tributario cobró vigencia en los últimos meses de 1987, sus efectos sobre la recaudación no fueron apreciables. En 1988, la combinación de medidas tributarias, el reajuste cambiario y el crecimiento de la actividad productiva incidieron en un aumento de la carga tributaria al 8.8%. Al año siguiente, sin embargo, la carga tributaria volvió a caer por debajo del 8 por ciento y siguió descendiendo hasta llegar a menos del 7% en 1990. En las elecciones de 1990 Jorge Serrano Elías fue elegido presidente y empezó su gobierno en medio de la crisis económica que heredó de la administración anterior. Tanto Serrano Elías como su sucesor, Ramiro De León Carpio, afrontaron crisis fiscales. En los años 1991- 1995 el sistema tributario fue bastante vulnerable a cambios en el entorno económico y político. Esta inestabilidad, que incluyó el ya proverbial conflicto entre las autoridades y el sector privado en torno a la política tributaria, se reflejó en dos reformas tributarias y en la implementación de impuestos temporales. No obstante, 1995 puede identificarse como un hito que inauguró una nueva etapa de cargas tributarias todavía precarias pero con cierta tendencia a subir. En 1996 un nuevo presidente, Alvaro Arzú Irigoyen, tomó posesión del cargo. Arzú tenía como tema prioritario en su agenda de gobierno la conclusión de las negociaciones de paz, que habían iniciado con la Declaración de Esquipulas en 1986. El proceso de negociación llegó a su fin con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el 29 de diciembre de 1996. Alvaro Arzú enfrentó en su primer año de gobierno presiones monetarias, problemas de liquidez y una baja en la recaudación que lo llevaron a tomar las primeras medidas fiscales. A finales de 1997, el gobierno emprendió una reforma tributaria, que además obedecía al compromiso adquirido con el FMI de elevar la carga tributaria al 8.5% del PIB. El paquete tributario fue rechazado por el CACIF, especialmente el impuesto sobre inmuebles. Cuando el IUSI entró en vigencia, hubo protestas no sólo del sector privado sino también de diversas organizaciones campesinas, sindicales y populares. Ante las presiones recibidas la ley fue derogada y se emitió un nuevo decreto en marzo de 1998. Como parte de las medidas para incrementar la carga tributaria y fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se aprobó en febrero de 1998 la ley de creación de la Superintendencia de Administración Tributaria. La ley le asignó una variedad de funciones relacionadas con el régimen tributario: la aplicación de la legislación; la recaudación, control y fiscalización de los tributos, excepto los recaudados por las municipalidades; la administración del sistema aduanero y el combate a la evasión y la elusión fiscales, entre otras. En 1998 se inició un proceso de negociación respecto a la temática fiscal. Se trataba de llegar a un pacto político entre el Estado y diferentes sectores sociales con el fin de legitimar el nivel, composición y tendencia del gasto público y de la carga tributaria necesaria para su funcionamiento. El pacto fiscal buscaba la concertación social para neutralizar, o al menos minimizar, el poder de veto de importantes sectores económicos sociales y políticos y subsanar la debilidad del gobierno frente a estos sectores. El proceso de someter una política fiscal a una discusión amplia y participativa fue largo. De tal suerte, en febrero de 2000, cuando ya Alfonso Portillo ocupaba la presidencia, se publicó el documento que contenía la propuesta y en mayo se suscribió finalmente el pacto. Sin embargo, el proceso de negociación para concretarlo en reformas tributarias específicas se rompió. Un año más tarde, el informe de verificación del pacto fiscal estimó que los avances en la implementación del pacto habían sido escasos y poco profundos. En suma, el pacto fiscal no alcanzó sus objetivos fundamentales: sentar las bases de una política fiscal de mediano y largo plazo y establecer un sistema fiscal moderno, eficiente y progresivo. Durante el gobierno de Alfonso Portillo también se llevaron a cabo reformas fiscales. La primera, en el año 2000, no fue producto del proceso de negociación del pacto fiscal. La segunda, en 2001, incrementó la tasa del IVA del 10 al 12% y provocó el rechazo de diversos sectores. En enero de 2004 asumió la presidencia Oscar Berger, quien para solucionar la crisis económica tuvo que recurrir a una nueva reforma tributaria que modificó el impuesto sobre la renta e introdujo un nuevo gravamen temporal. En los últimos diez años, el incremento de la recaudación ha permitido un aumento gradual de la carga tributaria, aunque sin alcanzar la meta de recaudación establecida en los Acuerdos de Paz (12% a partir del texto, 13.2% si se considera el nuevo cálculo de las cuentas nacionales). De 1996 a 2003 la carga tributaria se incrementó, mientras que a partir de 2004 se redujo levemente. En el año 2006 se alcanzó una carga tributaria del 11.8%. En ese período continuó consolidándose el IVA como la fuente de ingresos más importante. A ello también contribuyó el fortalecimiento de la administración tributaria, primero con la constitución de la Superintendencia de Administración Tributaria y luego con la aprobación de la ley “anti-evasión” que por medio del sistema de retenciones fortaleció la recaudación del IVA e, indirectamente, del impuesto sobre la renta. Sin embargo, persisten algunas debilidades que no han permitido que la carga tributaria aumente significativamente. Primero, aumentaron las exenciones y exoneraciones otorgadas como incentivos fiscales a los sectores más dinámicos de la economía. Esto significa que el crecimiento económico, especialmente de la producción y las exportaciones (no del consumo) no se refleja en mayor tributación. Segundo, si bien aparentemente se ha fortalecido la recaudación de la tributación directa, todavía no es sostenible puesto que ha dependido de ingresos temporales sobre los activos o ingresos. Además, la posibilidad de deducir una gran cantidad de gastos de la renta ha reducido la base imponible del impuesto sobre la renta aplicable tanto a empresas como a personas. A las debilidades anteriores se suma la inevitable reducción en la recaudación de aranceles aplicados a importaciones, ahora por la vía de tratados de libre comercio. Lo anterior significa que conformar un sistema de finanzas públicas sostenible y con suficientes recursos para favorecer el desarrollo del país, continúa siendo una asignatura pendiente, de inclusión obligatoria entre los temas de la agenda del desarrollo guatemalteco.


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